¿Qué es la soberanía tecnológica?
La soberanía tecnológica es la capacidad que deben tener los países de evaluar, mantener y sustentar determinadas tecnologías consideradas esenciales para su seguridad, economía y autonomía estratégica. Esto se traduce en contar con suficiente control y conocimiento de la tecnología para reaccionar ante cambios en el mercado o condiciones geopolíticas (incluso si no se posee un control total de los sistemas). Se trata de definir y mapear las infraestructuras críticas de un país (como, por ejemplo, los datos de salud o defensa) para reducir vulnerabilidades y asegurar que estas infraestructuras estén operadas por empresas locales o localizadas físicamente en el territorio nacional, independientemente de que sus componentes individuales provengan del exterior. También implica contar con suficiente margen de acción para diseñar y ejecutar sus propias estrategias de industrialización, protegiendo a ciertos sectores clave de desarrollo tecnológico local frente al dominio de las grandes empresas tecnológicas extranjeras.
En otra publicación ya hemos analizado los desafíos complejos que enfrentan los gobiernos al momento de diseñar sus políticas para el desarrollo nacional y regional de la IA. Frente a este panorama de alta complejidad, resulta indispensable que los Estados cuenten con la mayor libertad posible para impulsar su industria digital y sus estrategias de IA. En ese sentido, debemos señalar que actualmente existen varias discusiones en foros internacionales con el potencial de influir de forma directa sobre la gobernanza de la IA y que plantean varias amenazas latentes contra la libertad de acción de los países. A continuación analizamos dos de ellas: la agenda de E-Commerce en la OMC y la agenda del SCCR de la OMPI.
La agenda de E-Commerce en la OMC
Las negociaciones de comercio electrónico en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen un impacto profundo en la gobernanza de datos global, al establecer las reglas sobre cómo fluye la información y cómo pueden los gobiernos intervenir en la economía digital.
El Programa de Trabajo sobre Comercio Electrónico (WPEC) fue establecido en 1998 y constituye la plataforma multilateral donde participan todos los miembros de la OMC. Su función principal es examinar los aspectos del comercio digital relacionados con el acceso a mercados, servicios, propiedad intelectual y desarrollo. Uno de sus pilares más importantes es la moratoria de aranceles sobre transmisiones electrónicas (como software, servicios digitales, música o películas descargadas), compromiso que se estableció en 1998 y se renueva periódicamente. Esta moratoria tiene efectos significativos en la capacidad de los Estados para implementar políticas de IA, afectando principalmente su soberanía fiscal, su capacidad regulatoria y el desarrollo de sus industrias locales. Se estima que, entre 2017 y 2020, los países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) perdieron 56.000 millones de dólares en ingresos arancelarios debido a esta prohibición. Estos fondos perdidos son recursos que podrían utilizarse para reducir la brecha digital, invertir en infraestructura de computación (chips y centros de datos, por ejemplo) y fomentar habilidades digitales, elementos esenciales para que el Sur Global desarrolle su propia IA. A su vez, a medida que la IA se integra cada vez más en productos y servicios, estos pueden evadir derechos de aduana simplemente por su componente digital. La ausencia de aranceles beneficia desproporcionadamente a las grandes empresas tecnológicas (principalmente de EE.UU y China), mientras que no ofrece ventajas claras para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) locales que suelen enfocarse en mercados internos.
Actualmente EE. UU., junto con algunos aliados de América Latina, presiona por una moratoria permanente para beneficiar a sus gigantes tecnológicos. También existe una propuesta presentada por Barbados en nombre del Grupo “ACP” (países de África, el Caribe y el Pacífico) para renovar la moratoria únicamente por dos años más para realizar un “análisis empírico” exhaustivo que les permita comprender el impacto de una moratoria indefinida sobre su propia industrialización digital. A su vez, países como India y Sudáfrica han abogado sistemáticamente por el cese de la moratoria para recuperar el espacio de política necesario para regular la economía digital según sus intereses nacionales. Estos países también defienden una interpretación restringida del alcance de la moratoria, sosteniendo que el término “transmisiones electrónicas” debe aplicarse exclusivamente a la transmisión de señales y no al contenido o producto digital que se transporta. Esta postura busca evitar que la digitalización de bienes y servicios (como diseños para impresión 3D o software) resulte en una pérdida masiva de ingresos arancelarios y erosione su soberanía fiscal.
Por otra parte encontramos la Iniciativa de Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico (JSI por su sigla en inglés), un proceso plurilateral de negociación lanzado en 2017 por un subgrupo de miembros de la OMC (91 países al día de hoy) que deseaban avanzar de manera más rápida y ambiciosa que en el proceso multilateral. Actualmente ha finalizado su fase técnica y se propone la incorporación formal de su texto estabilizado en julio de 2024 como anexo 4 del Acuerdo sobre la OMC (aunque será necesario lograr el consenso de los miembros). Durante las negociaciones de la JSI se analizaron propuestas que, de aprobarse, impondrían enormes limitaciones a los países para establecer políticas y regulaciones sobre IA. Las más importantes son:
La libre circulación transfronteriza de datos **: La propuesta consiste en establecer reglas comerciales que impidan a los países exigir que los datos se almacenen localmente o que se cumplan requisitos específicos para su transferencia al extranjero. La prohibición de restricciones a los flujos de datos dificulta la protección de datos personales, la recaudación de impuestos por actividades digitales (que difieren de los aranceles) y el cumplimiento de obligaciones de seguridad nacional.
La prohibición de revisiones del código fuente **: Estas propuestas impiden a los gobiernos exigir que las empresas revelen el código de programación de su software o algoritmos como condición para importar, distribuir o vender dichos productos en su territorio. Anulan la posibilidad de rendición de cuentas y los estándares de transparencia algorítmica necesarios para supervisar modelos de IA.
La prohibición de los requisitos nacionales de localización de datos **: Se trata de la prohibición expresa de que los gobiernos exijan que los datos se almacenen, procesen o mantengan dentro de las fronteras físicas de un país como condición para hacer negocios. El objetivo de esta prohibición, impulsada por EEUU, es permitir que sus grandes empresas tecnológicas operen sin barreras geográficas.
La captura de datos públicos: se propone establecer una obligación de Datos Gubernamentales Abiertos por la cual los gobiernos deben facilitar el acceso a datos no confidenciales para fines comerciales. Esto limita las iniciativas de creación de marcos de gobernanza de datos que incluyan protecciones contra el uso predatorio de datos por parte de las grandes empresas tecnológicas.
Excepciones de seguridad insuficientes: Se propone adoptar las mismas excepciones de seguridad que el Artículo XXI del GATT de 1994 y el Artículo XIV bis del AGCS. Estas excepciones de seguridad se limitan a la protección de los intereses esenciales de la seguridad de un Estado “en tiempos de guerra” y no cubren adecuadamente los riesgos que plantea el uso de la IA en la infraestructura pública crítica o en la defensa de los ciudadanos.
Las tres primeras propuestas (marcadas con **) fueron retiradas del texto del JSI, pero sin lugar a dudas siguen teniendo un peso importante en la agenda. Durante años, EE. UU. lideró su inclusión en el JSI, aunque en la administración de Biden fueron retiradas para que su propio gobierno tuviera espacio político para regular las grandes empresas tecnológicas y así “equilibrar el derecho a regular en interés público y la necesidad de abordar el comportamiento anticompetitivo en la economía digital”. Luego, en julio de 2024, EEUU se retiró de la JSI, argumentando que se necesitaba más trabajo, especialmente en lo referente a las excepciones de seguridad, las cuales pretendían que fueran totalmente “auto-juzgadas” y no cuestionables ante la OMC. En el segundo mandato de Trump estas 3 propuestas se reincorporan a la política comercial de EE.UU. por lo que mantienen su relevancia en las negociaciones internacionales. Esto surge claramente de:
1) Las cláusulas no negociables que incluye EE.UU. en acuerdos comerciales bilaterales (que impulsa mediante estrategias de “diplomacia agresiva”). Por ejemplo, en la Sección 3 del acuerdo bilateral que firmó con Argentina se incluye la prohibición de requerir el acceso al código fuente o de establecer cualquier medida que discrimine a un servicio digital de EE.UU. (como los requisitos de locación de datos) y la obligación de no imponer aranceles y apoyar la moratoria en OMC sin condiciones.
2) el Memorandum presidencial publicado por la administración de Trump en febrero de 2025 como parte de su política de “América First”. Este memorándum califica como “multas e impuestos extorsivos” no solo a los aranceles sobre transmisiones electrónicas, sino que va mucho más allá. Incluye a las “regulaciones” impuestas por gobiernos extranjeros, a “los impuestos sobre a las empresas de los Estados Unidos”, a “cualquier acto, política o práctica de un gobierno extranjero que ponga en peligro su propiedad intelectual” o “su competitividad global”, informando que estas “prácticas regulatorias o tributarias extranjeras que perjudiquen desproporcionadamente a las empresas de los Estados Unidos” serán pasibles de imposición de aranceles u otras “medidas necesarias para mitigar el daño”.
Por tanto, es de esperar que la actual administración estadounidense se mantenga momentáneamente al margen del JSI, confiando en que tiene suficiente poder en el ámbito político internacional para defender sus intereses mediante TLCs u otras medidas retaliatorias, y que, una vez que haya firmado suficientes acuerdos bilaterales, vuelva a la mesa de negociaciones plurilaterales exigiendo la inclusión de las propuestas retiradas (u otras más agresivas).
Las negociaciones de la 14.ª Conferencia Ministerial (MC14) de la OMC, que se llevará a cabo en Yaundé (Camerún) del 26 al 29 de marzo de 2026, pueden definir las reglas fundamentales que regirán la economía digital global en los años venideros. Por un lado, se decidirá si la extensión de la moratoria de aranceles por transmisiones electrónicas se realizará de forma indefinida y, por otro, se decidirá el futuro de la Iniciativa de Declaración Conjunta (JSI) sobre Comercio Electrónico. Aunque la JSI ha finalizado su fase técnica, existe una fuerte controversia sobre cómo incorporar legalmente este acuerdo plurilateral en la estructura formal de la OMC, ya que países que no participan, como India y Sudáfrica, se oponen argumentando que estos procesos socavan el multilateralismo y limitan su soberanía fiscal y regulatoria y no es clara cuál será la estrategia que adopte EEUU al respecto.
Las excepciones para investigación y la agenda digital en el SCCR de la OMPI
Como ya hemos expresado en otras publicaciones, la actual agenda del Comité Permanente de Derechos de Autor y Conexos (SCCR) de la OMPI incluye dos grandes temas de alto impacto en el desarrollo de la IA: la agenda de excepciones y limitaciones al derecho de autor (entre ellas aquellas que determinan cuándo es legal el uso de obras con fines de entrenamiento o análisis computacional en general) y la llamada agenda digital, cuyo foco principal es la justa remuneración a los creadores por el uso de obras e interpretaciones en entornos digitales (incluyendo su uso en el desarrollo de modelos de IA).
En relación con las excepciones al derecho de autor, la gran mayoría de los países del Norte Global han actualizado sus leyes o cuentan con doctrinas flexibles (como el fair use) que permiten el uso de obras con fines de análisis computacional o más específicamente la minería de textos y datos (TDM por sus siglas en inglés). En contraste, la mayoría de los países del Sur Global poseen regímenes restrictivos, inclusive para el análisis computacional en desarrollos sin fines de lucro y para el uso de datos o información pública. De esta forma, los regímenes más abiertos se concentran en los países más ricos, lo que agrava las disparidades en el sistema de investigación mundial y desplaza la innovación hacia esas regiones.
En cuanto a la agenda digital, los creadores afirman que enfrentan la apropiación no ética de sus obras e interpretaciones como “combustible” para entrenar modelos de IA que imitan sus estilos, voces y actuaciones, lo que amenaza directamente su sustento económico y constituye una competencia desleal.
En este contexto, resulta lógico que las discusiones en la OMPI se encuentren en un punto de tensión política. Por un lado, existen actores que advierten sobre la necesidad de dar mayor seguridad jurídica a las actividades de investigación en el Sur Global mediante excepciones amplias para evitar que las actividades de análisis computacional y TDM sean un privilegio de los países ricos. Por otro lado, existe una presión creciente en contra de estas excepciones por parte de aquellos países que temen que estas se conviertan en una herramienta para que las grandes empresas tecnológicas exploten su patrimonio cultural sin compensación, sin contemplar el hecho de que estas excepciones, en su justa medida, son necesarias para dar seguridad jurídica a sus propios investigadores.
Actualmente el Grupo Africano es el bloque más interesado en lograr avances en la agenda de excepciones al derecho de autor, priorizando las excepciones para educación, bibliotecas y archivos. Lamentablemente las excepciones para uso de obras con fines de investigación no son actualmente una prioridad, por el contrario, existe una alta resistencia a la inclusión de excepciones relacionadas específicamente con la ciencia de datos en la agenda.
Por otra parte, el principal impulsor de la agenda digital es el GRULAC (Grupo de América Latina y el Caribe) y sus propuestas se encuentran impregnadas por la visión de que “regular el desarrollo de la IA es regular a las Big Tech”. Un ejemplo de ello es la propuesta borrador de Plan de Trabajo sobre Derecho de Autor en el entorno digital (SCCR/47/7) presentada por este grupo de países en diciembre de 2025. Dicha propuesta sugiere al Comité una serie de estudios sobre posibles modelos de protección, pago de regalías y medidas de protección tecnológica sobre los usos de las obras en entornos digitales, pero no incluye en su fundamentación ningún aspecto relativo al equilibrio con el interés público, el avance de la ciencia y la innovación. Tampoco menciona las excepciones y limitaciones para actividades de investigación o sin ánimo de lucro, ni solicita el análisis de los efectos que tendría la aplicación en los países menos desarrollados de las mismas reglas que en los líderes del desarrollo de la IA. Lo más preocupante es que no proponen analizar si la expansión de la protección por derechos de autor es una solución adecuada frente a otras opciones regulatorias, como las laborales o de defensa de la competencia.
En definitiva, para lograr instrumentos internacionales equilibrados será necesario conciliar las propuestas de remuneración justa a los creadores con el problema de alta inseguridad jurídica para el acceso a los datos que impera en los países del Sur Global.
Conclusiones
El rumbo de estas agendas globales definirá el margen de la libertad regulatoria de los países del Sur Global en cuestiones de soberanía tecnológica. A menudo, los resultados de estas negociaciones de alto nivel pasan inadvertidos y no llegan a quienes se verán afectados hasta que es demasiado tarde para revertirlos. Un ejemplo de ello fue la evolución silenciosa de los “Tratados de Internet” de la OMPI de los cuales que derivó el régimen global de medidas de protección tecnológica (DRM) con consecuencias catastróficas para la arquitectura de internet y piedra angular en la construcción de los jardines vallados de las grandes plataformas.
Las negociaciones de la agenda de E-Commerce en la OMC, así como la actual estrategia de presión a través de tratados bilaterales que sostiene EE.UU., plantean riesgos significativos al limitar la soberanía fiscal y regulatoria de los países en desarrollo. La proximidad de la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC en 2026 marca un hito crítico para el futuro de la gobernanza digital global. Si los países del Sur Global ceden a las presiones de EE.UU. no podrán enfrentar el desafío de recuperar el espacio de política necesario para regular la economía digital según sus propios intereses nacionales.
Asimismo, el equilibrio en el SCCR de la OMPI resulta fundamental para evitar que la brecha de acceso legal a datos entre el Norte y el Sur Global se vuelva irreversible. Es imperativo que las agendas de remuneración justa para los creadores avancen de forma conjunta con excepciones robustas para la investigación y la minería de textos y datos (TDM).